Tareck el Aissami, otrora uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano, cayó en desgracia: el exministro de Petróleo y sus colaboradores más cercanos (con quienes consolidó una red de empresas operadas por familiares, amigos y aliados políticos) son objeto de una purga llevada a cabo por el presidente Maduro, con la que se evidencia la peor crisis en la historia del chavismo. En medio de una debacle financiera sin precedentes (con una inflación galopante), el presidente venezolano se ha limitado a decir que se trata de combatir las «mafias de la corrupción que se han atrincherado en sectores importantes del aparato económico».

BOGOTÁ (Proceso).- Nunca en los 24 años de chavismo en Venezuela se había producido una depuración al interior del régimen como la que hoy realiza el presidente Nicolás Maduro contra uno de los grupos más influyentes en la dirigencia oficialista: el que encabeza el el derrocado ministro del Petróleo, Tareck el Aissami, considerado hasta hace unos días uno de los hombres más poderosos del país.

La magnitud de la purga es tal que hasta el viernes 14 cerca de un centenar de allegados a El Aissami habían sido detenidos. Entre ellos se encuentran funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de la Superintendencia de Criptoactivos, empresarios, militares, jueces y políticos.

Además, el gobierno ha confiscado decenas de propiedades y activos, entre ellos mansiones, edificios, oficinas comerciales y centros comerciales pertenecientes a familiares y aliados de El Aissami, así como «granjas» de criptomonedas, que generan activos digitales utilizados por el funcionarios del gobierno y venezolanos para lavar dinero y eludir las sanciones económicas mantenidas por Estados Unidos y la Unión Europea contra el régimen.

En Venezuela no hay antecedentes de un allanamiento de esta naturaleza por un caso de corrupción o ajuste de cuentas político.

El Aissami, uno de los chavistas más ricos y con más cuotas de poder en el aparato público venezolano, se ha limitado a anunciar en un tuit su «renuncia» como ministro de Petróleo, pero nadie sabe si está detenido, si salió del país. o si es interrogado por funcionarios de organismos de seguridad en Fuerte Tiuna, el principal centro militar venezolano.

En medio de las distintas versiones, Maduro se ha limitado a decir que el exministro y exgobernador del estado Aragua está dispuesto a «cooperar en todas las investigaciones» para «desmembrar» las «mafias de corrupción que se han atrincherado en sectores importantes del país». aparato.» económica”, especialmente en PDVSA, principal fuente de divisas en un país con una economía colapsada.

John Magdaleno, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, dice, sin embargo, que no se trata de un asunto judicial de lucha contra la corrupción, como lo ha presentado el gobierno, sino que refleja «una disputa política, de poder» dentro del coalición dominante.

Dada la opacidad y el secretismo con el que el régimen ha manejado el caso, esta es «la hipótesis más creíble», asegura, y afirma que las detenciones masivas, las confiscaciones de bienes y los desfalcos ascienden -al menos a los 3.000 millones de dólares, según Fuentes del oficialismo revelan que se trata de una «lucha de gran calado» en el chavismo.

El Aissami, señala Magdaleno, encabeza uno de los grupos de poder del chavismo, y el control sobre la industria petrolera que había tenido en los últimos años lo fortaleció ante otras facciones, como la del diputado Diosdado Cabello; la del Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino; la de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez -ella es vicepresidenta y él preside la Asamblea Nacional- y la del propio Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Magdaleno, también director de la consultora Polity, indica que la coyuntura política venezolana está marcada por las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, en las que Maduro aspira a postularse a una nueva reelección.

La oposición considera que Maduro sería un candidato con todas las ventajas por la disponibilidad de dinero público para hacer campaña y porque tiene el control de todos los poderes del Estado, pero al mismo tiempo el presidente es altamente impopular (solo una cuarta parte de los la población lo apoya) y su gestión es muy mal evaluada por ocho de cada diez venezolanos.

Además, el país vive un nuevo proceso inflacionario en el que los precios han aumentado un 67,7% en el primer trimestre. El FMI proyecta que la inflación alcanzará el 400% este año, el doble que el año anterior, acabando con los ingresos de los trabajadores. El salario mínimo apenas equivale a cinco dólares mensuales y la canasta de alimentos para una familia de cuatro cuesta 500 dólares, 100 veces más.

El descontento social y la impopularidad de Maduro han llevado a varios analistas políticos a sugerir que la depuración contra el grupo de El Aissami está relacionada con las eventuales aspiraciones presidenciales del exministro o de otro de los hombres fuertes del chavismo que estaría apoyando.

“Es inevitable pensar que el caso El Aissami está ligado a una crisis de sucesión presidencial”, dice Magdaleno, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y del Programa de Estudios Avanzados en Análisis Político de la Universidad Católica Andrés Bello.

Los tratos turbios

El Aissami, abogado y criminólogo de 48 años, se destacó en las filas del chavismo desde 2008, cuando fue designado ministro del Interior por el entonces presidente Hugo Chávez luego de desempeñarse como diputado. Entre 2012 y 2017 fue gobernador del estado Aragua, donde consolidó una red de empresas operadas por familiares, amigos y aliados políticos.

En 2017 Maduro lo nombró vicepresidente de Venezuela, y ese mismo año Estados Unidos emitió una orden de arresto internacional en su contra por cargos de narcotráfico. Lo acusó de ser dueño de múltiples cargamentos de cocaína que salían en aviones y barcos desde bases venezolanas con destino a México y territorio estadounidense.

Maduro cerró filas con El Aissami y en abril de 2020, en medio de la pandemia de covid-19 y una severa crisis en la industria petrolera por la falta de inversión y las sanciones impuestas por Washington tras las disputadas elecciones presidenciales de 2018, el mandatario nombró al Ministro del Petróleo con la tarea de aumentar la producción de crudo, que había caído a 796.000 barriles diarios en 2019, la cifra más baja en 60 años.

El Aissami colocó a funcionarios de confianza en la estatal PDVSA y su mano derecha, hoy detenido Joselit Ramírez, lo puso como superintendente nacional de Criptoactivos, cargo clave ya que estos activos son la mejor manera de evitar el cerco que Estados Unidos Estados erigidos sobre las transacciones petroleras venezolanas desde 2019, cuando desautorizó a Maduro como presidente legítimo.

El exdirector de PDVSA, José Toro Hardy, dice que el «proceso de destrucción masiva» de esa empresa estatal, que produjo 3,1 millones de barriles diarios en 1998, el año anterior a la llegada al poder de Hugo Chávez, se agravó cuando El Aissami asumió como Ministerio de Hacienda. Petróleo.

“Esto coincidió –afirma el economista– con las sanciones que Estados Unidos aplicó a Venezuela y entonces empezamos a ver que el petróleo lo extraían a través de desconocidas, papeleras, que usaban camiones cisterna que apagaban los dispositivos de geolocalización para pasar desapercibidos. , y que accedieron a pagos en criptomonedas o en efectivo para eludir el sistema financiero. Esto terminó con todo tipo de control interno”.

El desorden y la opacidad llegaron a tal grado que, según Toro Hardy, en este momento estas empresas fantasma creadas por personas cercanas al grupo El Aissami y otros funcionarios del régimen le deben a PDVSA unos 22 mil millones de dólares en cargamentos de crudo que comercializan a través de intrincados triangulaciones internacionales.

“Esas son cuentas que son prácticamente imposibles de cobrar porque es muy difícil hacer un seguimiento de esos envíos de petróleo”, dice.

Lo más grave es que, además, hay al menos 3 mil millones de dólares que “desaparecieron, que no aparecen” y que habrían sido lavados con criptomonedas y transacciones en efectivo, indica Toro Hardy.

Ese sería el monto mínimo del desfalco que el gobierno de Maduro atribuye al grupo El Aissami, aunque el diputado oficialista Hermann Escarrá dijo que el monto del fraude contra PDVSA podría llegar a los 8 mil o 12 mil millones de dólares, aunque luego aseguró que esta declaración «se convirtió en una distorsión informativa».

Pero incluso si el desfalco fue de 3.000 millones de dólares, esa es una cantidad muy importante para el régimen, y si a ese dinero le sumas los 22.000 millones de dólares de facturas petroleras prácticamente incobrables, el caso parece un desastre. financiero.

Se trata de unos 25 mil millones de dólares que desaparecieron de las cuentas nacionales por la corrupción y la caótica gestión del grupo El Aissami.

problema politico

Entre las detenciones producto de la purga chavista se encuentran el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Abastecimiento de PDVSA, y el teniente coronel José Agustín Ramos, director de Seguridad de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Toro Hardy señala que ese agujero financiero se convirtió en un problema político para Maduro, pues el presidente contaba con esos recursos para afrontar el proceso electoral de 2024 y controlar el proceso inflacionario a través de una inyección masiva de dólares a la economía para mantener en cero el tipo de cambio. contra el dólar.

Lo que pasa, asegura, es que la depuración toca los intereses de un grupo político y económico muy poderoso, encabezado por El Aissami, y esto puede generar efectos no solo internos, sino también externos.

El exministro, que pertenece a una familia de origen sirio-libanés, tiene una relación privilegiada con Irán, aliado clave de Venezuela, con grandes empresarios del mundo árabe que hacen negocios en el país, y con líderes de grupos extremistas islámicos como como Hamás. y Hezbolá.

“Él representaba intereses muy poderosos, dentro y fuera del régimen. Hay una gran influencia del mundo árabe en Venezuela y El Aissami está muy ligado a ellos”, dice Toro Hardy.

El exdirector de PDVSA y autor del libro Venezuela y el Petróleo del Isla explica que la purga contra el grupo del exministro contaría con el apoyo de dos facciones de gran peso en el chavismo, la de Diosdado Cabello y la de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Para el economista y líder del partido opositor Primero Justicia, José Guerra, el desfalco a PDVSA no es el mayor caso de corrupción que ha existido en Venezuela, pero sí el de mayor trascendencia política por el perfil de los personajes involucrados. .

Guerra estima que entre 2003 y 2017 el fraude en la Comisión Nacional de Administración Monetaria habría superado los 50 mil millones de dólares, mientras que en 2009 desaparecieron unos 15 mil millones de dólares de una línea de crédito para enfrentar la crisis energética. electricidad, que ha empeorado desde entonces.

Pero estos casos nunca fueron investigados, lo que revela que la justicia que aplica el chavismo «es selectiva» y tiene motivaciones políticas, considera el economista, quien dice que es muy difícil que el exministro de Petróleo termine procesado porque «sabe demasiado». sobre los negocios turbios del régimen.

John Magdaleno dice que, según estudios del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, después de la Segunda Guerra Mundial hubo 120 casos de democratización en el mundo.

Un grupo de académicos venezolanos, entre los que se encuentra Magdaleno, han estudiado 104, de los cuales 83 han tenido éxito por una cadena de factores en los que el elemento principal ha sido una fractura de la coalición dominante.

“Hasta ahora”, señala, “el régimen autoritario venezolano ha tenido una gran resiliencia que le ha permitido mantenerse en el poder a pesar de las crisis que ha enfrentado. Esto ha sido posible por el alto nivel de coordinación estratégica que han tenido los factores de poder (del chavismo), pero este escándalo de corrupción (del grupo El Aissami) indica que existe la amenaza de una fractura interna forjada por ellos mismos”.

Según Magdaleno, en un escenario de este tipo, la oposición tiene la responsabilidad de construir un movimiento social masivo que vaya más allá de las coaliciones partidarias y que reúna a los diversos grupos que están descontentos con la situación del país.

Reportaje publicado el 15 de abril en el número 2424 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirirse en este enlace.