CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya es recordado como el más tontamente hackeado por los ciberdelincuentes. Hasta ahora, este grave problema no ha sido abordado.

Durante su administración se han presentado varios ciberataques a instituciones públicas e infraestructuras críticas. Algunos de los objetivos de estos ciberataques han sido el Ejército, la Lotería Nacional, Pemex, los servicios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y más recientemente la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los países que actualmente son líderes en ciberseguridad, como Estados Unidos, Reino Unido y Estonia, lo son precisamente porque en su momento supieron reaccionar ante los ciberataques y le dieron una importancia estratégica al tema.

En EE.UU. se violaron algunas de sus infraestructuras críticas, como las redes eléctricas, provocando apagones; en Reino Unido un ciberataque paralizó el Parlamento; mientras que en Estonia un hack interrumpió los servicios públicos digitales del país europeo, escudo de la OTAN.

En noviembre de 2019 ocurrió el primer evento del cuarto trimestre, cuando Pemex sufrió un ciberataque que afectó al 5% de sus sistemas administrativos. Los atacantes cibernéticos utilizaron el Secuestro de datos DoppelPaymer para encriptar la información del equipo estatal y exigió un rescate de 565 bitcoins para liberar la información. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, declaró en su momento que el gobierno no pagaría ningún rescate.

(Recientemente, en marzo de 2023, la policía alemana y ucraniana capturó a miembros del grupo responsable de llevar a cabo ataques cibernéticos utilizando el Secuestro de datos DoppelPaymer.)

Él Secuestro de datos Es un código cibernético malicioso que impide el uso de los equipos o sistemas informáticos que infecta. El ciberdelincuente toma el control remoto y secuestra el sistema encriptando la información y bloqueando la pantalla de la computadora para que los usuarios no puedan realizar sus tareas. Su objetivo es interrumpir los servicios, con el perjuicio administrativo, económico y reputacional que ello implica.

Porque es Pemex, la empresa pública de energía más importante de México, tan importante en el discurso del presidente AMLO y la Cuarta Transformación en el tema de la soberanía energética, debió bastar que el gobierno reaccionara y actuara con determinación. en el campo de la ciberseguridad. Sin embargo, se subestimó el incidente, se restó importancia al ataque y las vulnerabilidades permanecieron.

En junio de 2021, la Lotería Nacional de México sufrió un ciberataque en el que un grupo de hackers conocido como Avaddon, secuestró información relacionada con las finanzas y convenios de la institución. Los atacantes usaron otro Secuestro de datos para encriptar la información y también exigió un rescate económico a cambio del código de seguridad que liberaría la información. La institución no dio a conocer el monto que exigió la banda para desatar el ataque.

Dos ciberataques parecen suficientes para que el gobierno tome cartas en el asunto. Pero el 4T se ha caracterizado por su desprecio por la tecnología. Los ciberdelincuentes tenían algo muy especial reservado, porque los ciberataques comienzan a romper los sistemas antes de tiempo.

Le tocó el turno a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, víctima de un ciberataque en octubre de 2022. Tuvo que suspender plazos y plazos de varios trámites y licencias de la propia institución y de la Agencia Federal de Aviación Civil, entre el 24 de octubre y 31 de diciembre de 2022, para salvaguardar sus sistemas e información.

El gobierno aún no se recuperaba de ese tercer ataque cuando en noviembre de 2022, el colectivo Guacamaya hackeó los servidores de la Sedena y logró obtener seis terabytes de información confidencial. Los archivos contenían detalles de las actividades operativas y de inteligencia del Ejército recopiladas durante la última década.

El escándalo fue doble porque el ciberataque vulneró al Ejército, institución a la que el presidente AMLO ha encomendado tareas civiles como la gestión de aeropuertos o la construcción de obras públicas, en lugar de fortalecer sus sistemas cibernéticos y enfocarse en la seguridad nacional. además de que las revelaciones fueron un festín para la prensa que comenzó a revelar documentos y fichas informativas secretas de la Sedena.

“Es cierto, hubo un ciberataque, así lo llaman, el robo de información. La persona que realizó la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del exterior”, minimizó el Ejecutivo Federal el ataque luego de revelar el hackeo a la Sedena.

Entre los temas que filtró Guacamaya estaban los relacionados con la salud del presidente AMLO, que vuelven a tener relevancia por el presunto tercer contagio por covid-19 durante una gira de trabajo por Mérida, y que tanta especulación ha despertado por la opacidad de la información. .

No conforme con haber violado la Sedena, fue recién en abril que se reveló otro ciberataque a la Comisión Nacional del Agua, que también afectó al Servicio Meteorológico Nacional. Conagua suspendió los términos y plazos de los trámites de la dependencia.

Estos cinco ciberataques fueron los más publicitados, pero no los únicos. Otras instituciones del Estado mexicano como las Secretarías de Economía, Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Condusef, el Banco de México y el Buró de Crédito ya han sido violentadas.

El hackeo de instituciones públicas tiene graves consecuencias por la naturaleza sensible de la información que manejan estas organizaciones y por los servicios públicos que prestan. Los ciberataques provocan fugas de información, interrupción de servicios y daños a la reputación.

En la Gaceta Parlamentaria del 25 de abril, el diputado Javier López Casarín (Partido Verde) presentó una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad. Propone una política, una agencia nacional, una estrategia de ciberseguridad y un registro de incidentes para reducir los riesgos cibernéticos, proteger la información, los bienes, los derechos de las personas y su seguridad.

¿Cuántos ciberataques más se necesitan para que la 4T entienda que todos los mexicanos estamos expuestos al ciberdelito y que tenemos derecho a un entorno digital seguro?

Twitter: @beltmondi