Washington (aprox.). – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una proclama ejecutiva que deja sin efecto a partir de este 12 de mayo el requisito de que los extranjeros que lleguen en avión a territorio estadounidense presenten evidencia y carnets de vacunación contra el covid-19.

“Teniendo en cuenta el progreso que hemos logrado y en base a la orientación más reciente de nuestros expertos en salud pública, he determinado que no necesitamos extender las restricciones impuestas en octubre de 2021 para los visitantes aéreos extranjeros”, dijo el presidente Biden.

La semana pasada la Casa Blanca ya había anunciado que en el caso de los extranjeros que lleguen a Estados Unidos por vía marítima o terrestre, a partir del 12 de mayo se aplicará el requisito de presentar la cartilla de vacunación contra el covid-19 como requisito de ingreso.

“A nivel mundial, los casos de contagio y muerte por covid-19 están en los niveles más bajos desde el inicio de la pandemia (…) Seguiremos monitoreando la situación pero tenemos las herramientas para detectar variantes del virus y hacerles frente ”, explicó Biden.

El próximo viernes 12 de mayo, Estados Unidos levanta oficialmente las restricciones de salud pública para todos los visitantes extranjeros que ingresen legalmente a Estados Unidos. Esto ha provocado un aumento de migrantes de países del Caribe, Centro y Sudamérica que intentan llegar a Estados Unidos a través de territorio mexicano.

“Estamos en una fase diferente en respuesta a la enfermedad del coronavirus de 2019 y la pandemia que tuvimos en octubre de 2021”, concluyó el presidente de Estados Unidos en la proclama ejecutiva.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el Sistema de Transporte Eléctrico (STE) requiere de 209 choferes, mujeres y hombres, para sus nuevas unidades en la ciudad y dijo que quien esté interesado puede llamar a Locatel para solicitar informes.

“Los derechos que tienen los trabajadores del Sistema de Transporte Eléctrico están entre los mejores que tiene cualquier trabajador del Gobierno de la Ciudad de México, requerimos 209 choferes, entonces es una convocatoria abierta. Para el que quiera ser trolebús en la ciudad, comuníquese –vamos a poner LOCATEL–, para que de ahí vayan al Sistema de Transporte Eléctrico y se conviertan en nuevos trolebuseros en la ciudad”, dijo.

El anuncio lo hizo el mandatario local durante la puesta en servicio de 17 nuevos trolebuses, recibidos como parte de la contraprestación que la empresa Grupo MIRA otorgó al gobierno capitalino por las obras de mitigación del desarrollo «Neuchatel», ubicado en Río San Joaquín, Mayor Miguel Hidalgo.

Los nuevos trolebuses significaron una inversión de 127 millones de pesos, pagados “íntegramente” por la inmobiliaria.

En la sede de la STE, el mandatario local dijo que con estas nuevas unidades, esta dependencia ampliará su flota a 337 nuevas unidades, aunque la meta es tener 500 al final de la actual administración, lo que fortalecerá la operación de los 10 corredores. de trolebuses en CDMX.

Sheinbaum Pardo destacó que la CDMX es una de las que más ha invertido en electromovilidad “en todo el mundo”.

Los nuevos vehículos, de la marca coreana Yutong, reforzarán el servicio en las líneas 5 y 6 que van de San Felipe de Jesús a La Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma y de El Rosario a Chapultepec.

Sus características son:

• División de butacas exclusivas para personas con discapacidad visual, mujeres y usuarios en general
• Espacio para perro guía
• signo braille
• alarma audible para descenso
• Subir y bajar puertas con detección de obstáculos al cerrar
• Cámara de marcha atrás y seguridad interior
• indicador de velocidad del pasajero
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Elementos de confort y seguridad para pasajeros y operadores.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó que los 337 nuevos trolebuses STE ofrecen servicio a 325.000 pasajeros y han reducido en un 35% los tiempos de transbordo y en un 30% los tiempos de espera entre unidades.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Han pasado 30 años y la espera continúa. La familia del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, desaparecido el 8 de mayo de 1993, ha recurrido a instancias nacionales e internacionales y hasta el momento no han respondido sobre el paradero del militar con quien sus familiares dejaron de tener contacto dos días antes de que se celebrara la Jornada. . de las Madres

Visto por última vez en las instalaciones del Batallón de Infantería 26 con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel Orlando había comunicado a sus familiares su alegría por haber sido aceptado en la Escuela Superior de Guerra el 8 de mayo de 1993.

Ocho días después de no saber nada de él, sus familiares se comunicaron con el batallón donde estaba asignado para preguntar por el joven que entonces tenía 25 años, solo para recibir como respuesta la versión de que el oficial había desertado, situación que no solo era ilógica. para la familia tras el anuncio de días anteriores pero irreal, pues el soldado dejó absolutamente todas sus pertenencias en las instalaciones militares.

En el número 2376, Proceso Destacó que ante la falta de investigaciones para ubicar y ubicar a los militares, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y la de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) no ha ido muy diferente a los cinco gobiernos que los precedió en mantener intacto al Ejército Mexicano, a pesar de que desde junio de 2019 la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua declinó su competencia para investigar la desaparición del teniente a favor de la institución federal, pues existen elementos de que la ausencia de Muñoz Guzmán sería resultado de una desaparición forzada, presuntamente atribuida a militares.

La familia de Miguel Orlando, que ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que emitió un informe de fondo sobre el caso, incluso ha tocado puertas en Reino Unido.

“A través del congresista independiente Jeremy Corbyn, quien recientemente se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador (el pasado 14 de abril), hemos insistido en que se le dé seguimiento al caso de mi hermano.

“Corbyn, a quien el presidente invitó en su toma de posesión en 2018, ya tenía conocimiento de la desaparición de mi hermano desde 2013, y de manera muy diplomática ha recomendado atender el informe de fondo de la CIDH”, dice María Guadalupe Muñoz Guzmán. en entrevista

Abogada de profesión, María Guadalupe destaca que su familia está siendo acompañada por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo a través del cual han interpuesto recursos ante la justicia federal y dan seguimiento al caso ante la FGR, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CIDH.

“Lo que sabemos es que, a pesar de todos los recursos que hemos interpuesto, no ha habido un avance sustancial, a pesar de que se ha ordenado abrir el cuartel para buscar a mi hermano y que la FGR periódicamente anuncia avances, pero en realidad no son muchos”, dice la hermana del militar desaparecido.

Lamenta que hasta el momento la FGR “no está tomando en cuenta los elementos que apuntan a la responsabilidad de militares en la desaparición de mi hermano, no solo lo confirmado por la Fiscalía de Chihuahua, sino también los testimonios que fueron ratificados”. por la entonces Procuraduría General de Justicia Militar o el dictamen sobre la falsificación de una supuesta carta que presentó mi hermano renunciando a su ingreso a la Escuela Superior de Guerra”, y que inexplicablemente nunca fue presentada en su estado original por las autoridades militares.

“Por eso nos hemos visto obligados a recurrir a otras instancias, como la del congresista Corbyn, para que nos dé una explicación de por qué no ha avanzado el caso”, dice Muñoz Guzmán.

Mariana Domínguez Flores, abogada de la CMDPDH, destacó en entrevista que Miguel Orlando está enmarcado en casos de graves violaciones a los derechos humanos en los que están involucradas autoridades militares, y que no son resueltos por la FGR, como también ocurre con el caso emblemático . de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco, también litigada por esa organización.

“La FGR no investiga el paradero de las personas desaparecidas y mucho menos vincula a los responsables que son personas que tienen relación con la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército.

“Por lo menos en los casos que nos ocupan, Radilla Pacheco y Miguel Orlando, lo que vemos es que aparentemente el Ejército es intocable por la FGR, a pesar de que existen elementos suficientes para considerar que militares estuvieron involucrados en este tipo de hechos. caso. de desaparición forzada”, señala Domínguez Flores.

El abogado señala que la FGR no está dando seguimiento a las líneas de investigación determinadas por la Fiscalía de Chihuahua, que determinó la presunta responsabilidad de los militares, por lo que “no están realizando las diligencias necesarias para vincular a los probables responsables con el proceso de la desaparición o para encontrar a Miguel Orlando”.

Al señalar que en la supervisión del Informe de Fondo 002/2006, la Segob se ha visto “inclinada ante la FGR”, para exigirle que, como representante del Estado, cumpla con los compromisos internacionales, Domínguez señala que a pesar de que que el año pasado los representantes de la familia Muñoz Guzmán fueron contactados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para iniciar un plan de búsqueda, ha prevalecido la descoordinación.

“La FGR no está compartiendo información con la CNB, lo que imposibilita que esta unidad realice un cateo adecuado; Al igual que en el caso Radilla, la institución mantiene la misma posición en el sentido de que no realiza las investigaciones necesarias, no realiza acciones de allanamiento y existe una clara falta de compromiso interinstitucional entre la FGR y la CNB. para compartir información”, dice el abogado.

A treinta años de la desaparición de Miguel Orlando Muñoz, Mariana Domínguez Flores insiste en que lo que prevalece es “un patrón del Estado mexicano en los casos de desaparición forzada, de cumplir con meros trámites ante instancias nacionales e internacionales, sin embargo, no llega al fondo del asunto».

Para el abogado, lo que le resta a la familia del militar es agotar las estrategias legales a nivel local y explorar la posibilidad de llevar el caso a Naciones Unidas, ante la falta de resultados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

“Como CMDPDH vamos a seguir acompañando a las víctimas, agotando los recursos que tenemos en la legislación, y en el litigio internacional, desde hace años hemos solicitado audiencias de seguimiento al informe de fondo, pero la CIDH no nos ha respondido, por lo que consideramos que el SIDH no ha dado el resultado más adecuado, por lo que no descartamos recurrir al sistema universal, para lograr que las víctimas sean reparadas en todos los aspectos”, concluye Mariana Domínguez Flores.