CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Bajo el pretexto de una supuesta Cuarta Transformación, asistimos a la desaparición de los principios de supremacía constitucional y división de poderes. También corremos el riesgo de que la Corte Suprema y los tribunales federales pierdan su independencia y dejen de ser controladores de constitucionalidad. Estamos ante el fin de nuestra democracia como forma de gobierno. Nos espera un Estado absoluto.

Es un hecho: el Congreso de la Unión ha perdido su calidad de contrapeso a los excesos y caprichos del presidente. Se ha convertido en una instancia de confirmación. Ya no es un parlamento, en el que surgen conceptos y se concilian desacuerdos. Hablar se ha detenido, como sinónimo de hablar, de donde proviene el término parlamento, para expresar y escuchar los puntos de vista de los legisladores, que a partir del intercambio se logren leyes y decretos sin defectos, que contribuyan a la conservación del orden público.

Los legisladores de Morena y sus cómplices han convertido al Poder Legislativo en un apéndice del Poder Ejecutivo.

Entendí que la Constitución es de carácter supremo. Esto significa, entre otras cosas, que todo el orden normativo que le es ajeno es inferior y que, para ser válido, necesita estar de acuerdo con él y no contradecirlo.

La Cuarta Transformación, con la complacencia del Congreso, nos conduce a un gobierno totalitario, absoluto y sin controles. Su acción ha estado dirigida contra diferentes instituciones: el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que organizan y supervisan y califican el proceso electoral. El INAI también es objeto de su ataque, obligándolo a brindar información veraz y oportuna. Contra el Conacyt, que garantiza una investigación objetiva, seria y sistemática. Frente a la UNAM, institución autónoma, por la misma razón, sus autoridades pueden decidir la forma de llevar a cabo las funciones que le son encomendadas. El Insabi desaparecerá para ocultar el despilfarro que implicó su existencia y evitar que quienes lo administraron rindan cuentas. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, con el propósito de desconocer que los recursos que manejaba eran utilizados con fines clientelistas y proselitistas.

Anteriormente la Guardia Nacional estaba distorsionada. A pesar de que por mandato constitucional (art. 21) debe ser de carácter civil, en virtud de una ley secundaria se intentó ponerlo bajo el mando y vigilancia de las autoridades militares. Lo preocupante es que tres miembros de la Corte Suprema, un ministro y ministros, han considerado que esta acción presidencial es constitucional. Olvidaron que protestaron para cumplir la Constitución, respetarla y ser imparciales.

El ministro que consideró legal el sometimiento de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional olvidó que las normas imperativas deben interpretarse más en el sentido de que se cumpla lo que manda, que de buscar argumentos o pretextos para eludir el mandato constitucional.

En cuanto al INAI, podría suponerse que el Presidente de la República desconoce la iniciativa, pero el hecho de que acudiendo al expediente para formular observaciones impidió que se integre legalmente y, con ello, dificulte el cumplimiento de su funciones que le atribuye la Constitución, nos lleva a suponer que, aunque no fue el autor de la misma, fue el inspirador. En los gobiernos autocráticos o totalitarios, lo habitual es que el más mínimo atisbo del tirano se convierta a su vez en una orden y que cualquiera esté dispuesto a hacerlo realidad. Hay un gobierno de por medio: el de Puebla.

Los autores de la iniciativa no ven un pensamiento lógico y mucho menos coherente. Se pretendía justificar la desaparición del INAI, entre otras razones, bajo el expediente del ahorro de recursos. En el caso, se pasa por alto que lo que se gasta en este rubro nada tiene que ver con el despilfarro que significa la quiebra y liquidación de Segalmex, atribuido a actos de corrupción. Con el despilfarro que significa la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y lo que se tuvo que pagar por no terminar el Aeropuerto de Texcoco. Tampoco nada que ver con el dinero tirado con la refinería de Dos Bocas, que no refina y, como van las cosas, no refinará.

También están las pérdidas millonarias que significará la desaparición del Insabi y otras entidades. En estos y otros casos se utiliza el mismo procedimiento: para evitar procesos penales contra los autores de las disposiciones indebidas, que seguramente son morenistas limpios, se liquidan las empresas, se dan por perdidas las inversiones y todos quedan contentos.

La arbitrariedad presidencial solo es comparable al sometimiento vergonzoso de los legisladores morenistas y sus cómplices de los Verdes Ecologista y Laborista. ¿Desde cuándo, a través de una ley secundaria, se puede disponer algo diferente a lo que manda la Constitución?

Ante esta aberración, sólo nos falta el mismo ministro complaciente, para justificar la violación, ahora sale con el hecho de que el principio de supremacía constitucional ha desaparecido y que todas las leyes tienen el mismo rango. Los ministros habituales no están obligados a conocer el derecho constitucional. Hacen mucho acatando las instrucciones que reciben y, si pueden hacerlo pronto, mejor. Han perdido su independencia. Las instituciones públicas son malas cuando eso sucede.

En el caso de las leyes aprobadas por vapor, existen vicios de procedimiento y violaciones de fondo. Su cuestionamiento procede por la vía de la acción de inconstitucionalidad, la controversia y el amparo. En el mejor de los casos podrían resolverse en 2024. En el momento menos oportuno para Morena y para su candidato presidencial. Lo importante es la suspensión: si alguna de estas demandas es entregada a un miembro del trío de ministros malvados, es claro que no la concederán, a pesar de que es procedente y solicitado.

Nuestro país no puede soportar una Cuarta Transformación (segunda parte). No merece seguir haciendo negocios turbios al amparo del poder, sin rendir cuentas; que se destruyan las instituciones públicas o que se militarice la economía y la política. Recuerdo que AMLO nos prometió regresar a los soldados a sus cuarteles.

Este análisis forma parte del número 2427 de la edición impresa de Procesopublicado el 7 de mayo de 2023, cuya edición digital se puede adquirir en este enlace.