CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A nivel universal, la figura de los amicus curiae (AC) o “amigos de la Corte” encuentra su origen en épocas pretéritas, aunque con las innovaciones actuales adquiere hoy un significado sustancialmente diferente. En efecto, ahora está imbuido de un simbolismo político que reafirma el carácter democrático del Poder Judicial (PJ) y con ello garantiza el acceso a la justicia de la sociedad, específicamente para los grupos vulnerables, pero sin menoscabar la independencia de estos últimos.

La legitimidad institucional de este poder público se fundamenta en dos premisas básicas: su independencia y su inclusión. La AC contribuye a dinamizar esta última, mientras que el PJ asegura la justicia sustantiva y procesal para toda la sociedad; Además, esta función tiende a restaurar la asimetría social para los sectores vulnerables.

En nuestro tiempo, la participación democrática del PJ transita entre dos extremos: su obligación primordial de resolver controversias y su rol de creador de normas jurídicas en respuesta a planteamientos jurídicos novedosos; para ello es fundamental su apertura a las propuestas de la orden de AC.

Es en Estados Unidos donde el amicus curiae se ha desarrollado con mayor precisión, ya que uno de sus propósitos es aportar cuestiones relevantes para la PJ que no han sido discernidas por las partes contendientes, lo cual es de enorme valor para la emisión de veredictos. (Regla 37.1 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos). De ahí la afirmación de que la AC nutre simbólicamente la inclusión democrática del PJ.

Es en ese contexto de inclusión democrática donde los ciudadanos pueden expresarse sobre las decisiones que les pueden afectar. De esta manera, la CA es un promotor natural de la inclusión democrática dentro del diálogo social y preconstituye un elemento determinante del ideal democrático (Helen A. Anderson). Esto es especialmente importante para grupos o comunidades que carecen de estructura, y por tanto de capital político, para hacerse oír en otros poderes públicos. A través de la AC, la participación ciudadana puede incidir en el diseño e implementación de políticas que conciernen a estos grupos sociales.

El postulado republicano de asegurar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley transfigura al PJ como depositario de la igualdad en un espacio público que debe permanecer al margen de toda consideración de raza, credo, color y cualquier otra categoría social (Omari Scott-Simmons).

La experiencia judicial ha demostrado que las CC.AA. obligan a la observancia de los principios democráticos en beneficio de la ciudadanía, lo que fortalece la lealtad a la PJ encargada de resolver las controversias, incluidas aquellas con una importante dosis de contenido político.

Los ciudadanos, sin embargo, deben hacer uso de esta figura democrática sin ser condescendientes con las partes involucradas para refrendar su imparcialidad y credibilidad, así como para demostrar que su compromiso es con el PJ.

AC permite a los ciudadanos brindar información sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas de las decisiones del PJ que les conciernen, y resaltar la legitimidad de su causa. La AC ha sido muy apreciada por terceros que carecen de representación en la polémica pero que se van a ver afectados por las resoluciones del PJ.

Además, la CA favorece la introducción de argumentos relevantes de las ciencias sociales distintos a la prueba aportada en el litigio, y con ello destaca el interés público de las resoluciones. Así, las CA presentadas en Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960 fueron fundamentales en el movimiento de derechos humanos en ese país y propiciaron un diálogo fundamental entre el PJ y la ciudadanía (AC Brandeis).

El énfasis es necesario: en la AC, la lealtad y el respeto tienen que inclinarse hacia el PJ, y al mismo tiempo, debe evitarse el uso de los argumentos y elementos de convicción aportados por los partidos, o bien ejercer la militancia partidista, cuya el espacio social es muy distinto.

La mayor cantidad de recursos de la CA que se pueden promover en casos específicos dinamiza la democracia participativa y convierte al PJ en un foro de discusión pública. Además, en el ámbito del estado de derecho, AC es capaz de estructurar movimientos sociales con sectores de la ciudadanía que carecen de habilidades en gobernabilidad democrática (Shai Farber).

AC ha tenido una resonancia especial en los tribunales regionales (Regla 44 de la Corte Europea de Derechos Humanos y artículos 2.3 y 44 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que han involucrado a un número importante de organizaciones no gubernamentales. Así, gracias a la promoción de un AC, se afirmaron los derechos de los estudiantes mexicoamericanos en la jurisdicción al lograr la neutralización de los actos discriminatorios en su contra en las escuelas de California (Caso Méndez et al v. Westminister (sic) School District of Orange County ,- et al).

el acceso a la justicia

El amicus curiae no puede explicarse sin el análisis del acceso a la justicia (AJ), que ha sido objeto de intensos debates en foros internacionales y nacionales – AJ es entendido como el principio básico del estado de derecho. En una famosa resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, su presidente del Tribunal Supremo, John Marshall (1755-1835), sostuvo que la esencia de la libertad consiste en el derecho de todo individuo a exigir la protección de la ley cuando ha sufrido una mal, y agregó que ningún gobierno puede ser llamado como tal si las leyes no prevén los recursos contra la transgresión de derechos (Caso Marbury v. Madison).

Por lo tanto, el papel de la PJ es hacer que la justicia sea accesible para todos; En el criterio de Marshall, el acceso igualitario a la justicia involucra a todas las instituciones para eliminar cualquier tipo de obstáculo y poder hacerlo efectivo.

La noción de estado de derecho es uno de los ejes de AJ y significa que todas las disputas deben ser sometidas a los tribunales de cada nación. Se expresa en dos aspectos: uno filosófico y otro político. El primero defiende que todo individuo tiene derecho a exigir de sus tribunales el reconocimiento de sus derechos; según el segundo, la AJ viabiliza este reconocimiento.

En la misma línea, dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) existe unanimidad en la consideración de que el estado de derecho es un principio de gobernanza a través del cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas o privadas, incluido el propio Estado, son responsables de la fiel observancia de las leyes que se promulguen y que éstas se apliquen a todos los ciudadanos por igual; Por supuesto, esto requiere que las resoluciones se pronuncien de manera independiente y sean consistentes con las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Lo anterior requiere que las medidas para asegurar el cumplimiento de los principios de la supremacía de la ley, la igualdad ante ella, la rendición de cuentas y su aplicación equitativa partan de la efectiva separación de poderes, la participación en la toma de decisiones, la seguridad jurídica y la eliminación de la arbitrariedad, así como la transparencia procesal y legal.

El centro de gravedad del Estado de derecho es, por tanto, la igual protección ante la ley, y que todas las personas sean iguales y responsables ante ella. El estado de derecho garantiza el debido proceso y la justicia sustantiva de acuerdo con criterios de derechos humanos. Por ello, la justicia, la paz y la democracia no son objetivos exclusivos, sino imperativos asociados.

el foro internacional

Desde junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado los principios básicos del estado de derecho bajo tres premisas:

1. La obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos del abuso de las sociedades establecidas en su territorio, a través de políticas públicas, pero sobre todo a través de instancias judiciales que permitan la activación de mecanismos estatales para prevenir tales abusos.

2. La observancia del principio de diligencia requerida (due diligence), que obliga a las empresas a identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos derivados de sus actividades.

3. Esta última premisa alude a los recursos que deben implementarse para obtener una justa reparación, por lo que se acordó que no sólo los Estados, sino también las empresas, son responsables de las violaciones a los derechos humanos.

En marzo de 2012, el Secretario General de la ONU presentó a la Asamblea General de ese organismo el informe Impartiendo Justicia: Programa de Acción para Fortalecer el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional; Su conceptualización asume que el estado de derecho garantiza la protección de toda la panoplia de los derechos humanos, brinda a los ciudadanos medios legítimos contra los abusos de poder y permite que las disputas se resuelvan de manera pacífica e imparcial. también garantiza que las instituciones nacionales puedan promulgar y observar leyes claras, públicas y justas y brindar servicios de administración de justicia imparciales, equitativos y responsables a todos por igual.

De acuerdo con lo anterior, en noviembre de 2012 la Asamblea General adoptó la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional, según la cual este tipo de derechos, el estado de derecho y la democracia están estrechamente vinculados. y forman parte de valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de la ONU.

Además, el estado de derecho y el desarrollo están asociados y son esenciales para el crecimiento sostenido e inclusivo, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la plena realización de todos los derechos y libertades fundamentales. El compromiso es innegable: igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y conciencia de los derechos legales, para lo cual se deben adoptar las medidas necesarias para brindar servicios que promuevan el acceso a la justicia para todos de manera justa, transparente, manera eficaz, no discriminatoria y responsable.

Este fue el preámbulo de la adopción, en septiembre de 2015, de la emblemática resolución Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cuyo objetivo 16 es promover sociedades pacíficas e inclusivas en aras del desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas e inclusivas que rindan cuentas.

La comunidad internacional también se comprometió a reducir el tráfico ilícito de armas, fortalecer la recuperación de activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

Epílogo

El amicus curiae presentado en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal de los Estados Unidos en relación con las controversias presentadas por el Estado mexicano contra los fabricantes de armas se ve alentado por las consideraciones anteriores, bajo una premisa fundamental: el acceso a la justicia y justicia para todos, incluso para nosotros los mexicanos, lo cual es un requisito previo para el estado de derecho.

La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, relacionada con las armas, es parte de una cultura profundamente arraigada en la sociedad estadounidense. Para contrarrestar esto último, el antídoto es la presentación de argumentos también de carácter cultural, y el amicus curiae culturae resulta ser el vehículo ideal para lograr este objetivo.

El acceso a la justicia y el estado de derecho son las dos caras del dios Jano y se constituyeron en un singular ejercicio democrático. Ahora es el momento de los jueces…

*Doctorado en Derecho por la Universidad Panthéon-Assas.

Ensayo publicado el 30 de abril en el número 2426 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirirse en este enlace.